Jalisco
El Cepad pide acceso a justicia en desapariciones
Las mil 184 mujeres sin rastro en Jalisco pueden conducir a una trama delictiva más amplia, con trata de personas, feminicidios y explotación sexual infantil, advierte el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo
GUADALAJARA, JALISCO (25/ABR/2013).- El fenómeno de las desapariciones en Jalisco nunca ha sido reconocido en toda su dimensión por las autoridades locales, esto llevó a que se haya mantenido inexistente en su discurso y planes, a que no mereciera un lugar en las plataformas y promesas de campaña, y más grave, a que las instituciones no estén preparadas en sus marcos normativos y operacionales para atenderlas y esclarecerlas.
Así analiza el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) el cuarto lugar nacional en el que coloca a Jalisco el Sistema del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Sirenped), con dos mil 230 casos (el 8.5% de todos los expedientes del país: 26 mil 121), siendo una asociación civil que se ha adentrado en este tema.
"Finalmente la parte de la impunidad no sólo se da en la falta de denuncia de este tipo de situaciones, también se da en la parte del discurso, en el caso de Jalisco es una dinámica la de las desapariciones que durante todo el sexenio no fue reconocida, ni siquiera fueron modificadas en la práctica las instituciones para darle una seriedad al tema. De tal manera que no sólo era la falta de denuncia originada por motivos de miedo de las personas, sino una falta de receptividad de las autoridades", dice en entrevista Francisco Macías Medina, integrante del Cepad.
Durante el anterior sexenio, cada año desaparecieron en Jalisco, en promedio, 359 personas; en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), 179 (mientras que en el país, cuatro mil 088). Mujeres y hombres a los que se les fue perdiendo el rastro, no porque dejaran de estar conscientes de su identidad o domicilio (extraviados), sino por situaciones en las que la violencia debió tener un papel primario (en eso se basa principalmente el concepto de desaparecido del Sirenped).
"Con la extinta Procuraduría la desaparición, al no ser un delito, sobre todo la desaparición forzada -donde está involucrada la autoridad-, y al no existir un protocolo (de investigación), y tener personal insuficiente destinado para hacer esas investigaciones, literalmente los asuntos que lograba aclarar pues eran aclarados por las propias personas, presentándolas con vida cuando regresaban, o cuando finalmente se encontraban fallecidas en una dinámica de homicidio u otra. En el presente tenemos otra estructura (con la Fiscalía General) donde nos tiene que permitir la posibilidad de mejorar este trato, aunque vemos que en la parte de la operación pues no ha habido grandes modificaciones", apunta Macías Medina.
Las desapariciones en Jalisco están ligadas directamente con el periodo de 2007 a 2012, cuando ocurrió el 96.5% de los casos inscritos en el Sirenped (dos mil 153), y cuando estalló la violencia generada por los grupos de las distintas organizaciones criminales en pugna por el control de rutas de trasiego, por los territorios mismos y sus mercados, y en combate directo con el Estado mexicano.
Ahora que el Sirenped existe (su puesta en marcha se dio apenas en el primer trimestre de 2013), y arroja luz en esta materia, las autoridades de Jalisco están obligadas a tomar estos hechos como una prioridad, dice el Cepad, para su esclarecimiento (el acceso a la justicia), y también para su prevención y atención de las víctimas indirectas (familiares, sobre todo).
"Era inexplicable que las autoridades no lo reconocieran. En el año electoral se privilegió más una situación y una sensación de propuesta de campaña de bienestar, y ninguno de los candidatos hizo una sola propuesta con el tema de desapariciones, ninguno de ellos, ni el ganador ni los perdedores. Aquí ya estamos hablando de una urgencia que ya nos alcanzó. Finalmente, en la Procuraduría había cientos de denuncias ya integradas, que nadie les ponía atención, y tampoco arrojaban este tipo de datos. En la parte de los gobiernos es correcto que mejoren la estructura (para ello), hay que mejorarla con este tipo de agendas que son emergentes, en el asunto de la seguridad, la delincuencia organizada, y las desapariciones, incluyendo las desapariciones forzadas que realiza la propia autoridad".
El Cepad concuerda con los planteamientos que ha hecho la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ, fue la primera institución pública local en hacer un pronunciamiento sobre desapariciones, aunque apenas el pasado 16 de abril), por crear protocolos específicos de investigación de desaparecidos y atención de sus víctimas indirectas, también por modificaciones legales que lleven todos estos conceptos a la norma y el fortalecimiento de la Fiscalía Central con un área especializada en este sentido.
Al mismo tiempo, Macías Medina destaca los huecos que existen en el actuar de las instancias de Gobierno: "Coincido con las dos instituciones, también hay que evaluar la opinión desde lo que no se hace, la CEDHJ durante las dos administraciones de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián en ninguno de los años se había registrado un sólo caso de desapariciones, hay casos públicos en los medios de comunicación, en donde habían acudido a la Comisión y jamás se registró una sola queja; en el caso de Guadalajara ahora se habla de prevención, es correcto, pero no se daba ninguna medida de éstas".
Más desaparecidas
Finalmente, el Cepad repara en esta particularidad de Jalisco, donde hay más mujeres en estatus de desaparecidas que hombres (sólo pasa en seis Estados más: Chiapas, Aguascalientes, Morelos, Yucatán, Colima y Quintana Roo), con mil 184 de ellas (53%), y mil 046 varones (46.9%).
Esto, hace ver Macías Medina, complejiza el problema en el Estado, pues además de los elementos culturales que sirven de soporte a la violencia hacia las mujeres, pueden estar de por medio tramas delictivas compuestas por la trata de personas, el feminicidio, la explotación sexual infantil, entre otros. El dato de las mujeres desaparecidas sería entonces sólo una ventana a algo mucho más grande y aún no develado.
"Lo que comprueba el dato es precisamente la serie de denuncias de las compañeras que han defendido los derechos de las mujeres durante todo este tiempo, que el Estado de Jalisco está al borde de una situación de emergencia en cuanto a cómo visibilizamos la situación de la mujer en el Estado; cuando vemos las grandes discusiones que ellas han tenido para que se considere el delito de feminicidio (ya logrado), todas estas luchas coinciden con que en Jalisco tenemos un problema sociocultural muy grave hacia la concepción de lo que significa la mujer".
En el Área Metropolitana de Guadalajara, de cada 10 desaparecidos, seis son mujeres (659), y el resto, hombres (452). "Para eso no es sólo poner albergues -qué bueno que se haga-, no es sólo poner un protocolo de feminicidio -qué bueno que se haga-, sino trabajar intensamente también en la parte cultural y sobre todo también la parte de la sanción, al final de cuentas, si existen mujeres desaparecidas también se tienen que fijar las razones del por qué desaparecen , y no hay que olvidar también que muchas de esas desapariciones estamos hablando de jóvenes, y podemos estar hablando de una dinámica que nos pueda llevar a otro tipo de fenómenos graves como la trata de personas, que se ha dado en el Estado, y que incluso ha sido observada a nivel internacional por el relator de la Naciones Unidas sobre prostitución infantil".
"Son temas que, como verás, han sido negados, se ven de forma individual, pero que hoy el tema de trata de personas, de prostitución infantil, de desapariciones y feminicidios nos hablan de una situación donde se tienen que poner mayor énfasis por parte de la autoridad, y que implican modificaciones a la legislación, pero sobre todo en las prácticas. Se ha avanzado en la legislación pero ahora estamos ante el reto de que en la práctica realmente se lleve a cabo, y por eso insisto en que es importante modificar las instituciones pero también que los que llegan a estas instituciones reúnan las características de poder plantear de forma práctica los avances que se requieran actualmente en el Estado. Hay una Fiscalía de Derechos Humanos, perteneciente a la Fiscalía General, muy debilitada y con una fiscal sin perfil (Lizzeth Hernández Navarro) que ni siquiera se ha pronunciado al respecto de este grave problema".
Las desapariciones forzadas en Jalisco
Este concepto implica la responsabilidad o intervención de un agente del Estado mexicano en la desaparición de una persona. Diversas instituciones, como la CEDHJ, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tapatía, y el mismo Cepad, se han pronunciado porque se tipifique como un delito. En Jalisco está ocurriendo.
Casos como como los de Villa Corona y Chapala, donde se confirma que sus autoridades municipales y Policías privaron de la libertad a individuos para luego entregarlos a organizaciones criminales, se configuran como desapariciones forzadas (en el primero su ex alcalde, José de Jesús Ortiz Uribe, ya está en prisión preventiva para ser juzgado, junto a su hijo y con cinco elementos arraigados; en el segundo, se consignó a seis oficiales).
El Cepad hace ver, también, la relevancia que tiene en todo esto contar con cuerpos policiales confiables.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
Así analiza el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) el cuarto lugar nacional en el que coloca a Jalisco el Sistema del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Sirenped), con dos mil 230 casos (el 8.5% de todos los expedientes del país: 26 mil 121), siendo una asociación civil que se ha adentrado en este tema.
"Finalmente la parte de la impunidad no sólo se da en la falta de denuncia de este tipo de situaciones, también se da en la parte del discurso, en el caso de Jalisco es una dinámica la de las desapariciones que durante todo el sexenio no fue reconocida, ni siquiera fueron modificadas en la práctica las instituciones para darle una seriedad al tema. De tal manera que no sólo era la falta de denuncia originada por motivos de miedo de las personas, sino una falta de receptividad de las autoridades", dice en entrevista Francisco Macías Medina, integrante del Cepad.
Durante el anterior sexenio, cada año desaparecieron en Jalisco, en promedio, 359 personas; en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), 179 (mientras que en el país, cuatro mil 088). Mujeres y hombres a los que se les fue perdiendo el rastro, no porque dejaran de estar conscientes de su identidad o domicilio (extraviados), sino por situaciones en las que la violencia debió tener un papel primario (en eso se basa principalmente el concepto de desaparecido del Sirenped).
"Con la extinta Procuraduría la desaparición, al no ser un delito, sobre todo la desaparición forzada -donde está involucrada la autoridad-, y al no existir un protocolo (de investigación), y tener personal insuficiente destinado para hacer esas investigaciones, literalmente los asuntos que lograba aclarar pues eran aclarados por las propias personas, presentándolas con vida cuando regresaban, o cuando finalmente se encontraban fallecidas en una dinámica de homicidio u otra. En el presente tenemos otra estructura (con la Fiscalía General) donde nos tiene que permitir la posibilidad de mejorar este trato, aunque vemos que en la parte de la operación pues no ha habido grandes modificaciones", apunta Macías Medina.
Las desapariciones en Jalisco están ligadas directamente con el periodo de 2007 a 2012, cuando ocurrió el 96.5% de los casos inscritos en el Sirenped (dos mil 153), y cuando estalló la violencia generada por los grupos de las distintas organizaciones criminales en pugna por el control de rutas de trasiego, por los territorios mismos y sus mercados, y en combate directo con el Estado mexicano.
Ahora que el Sirenped existe (su puesta en marcha se dio apenas en el primer trimestre de 2013), y arroja luz en esta materia, las autoridades de Jalisco están obligadas a tomar estos hechos como una prioridad, dice el Cepad, para su esclarecimiento (el acceso a la justicia), y también para su prevención y atención de las víctimas indirectas (familiares, sobre todo).
"Era inexplicable que las autoridades no lo reconocieran. En el año electoral se privilegió más una situación y una sensación de propuesta de campaña de bienestar, y ninguno de los candidatos hizo una sola propuesta con el tema de desapariciones, ninguno de ellos, ni el ganador ni los perdedores. Aquí ya estamos hablando de una urgencia que ya nos alcanzó. Finalmente, en la Procuraduría había cientos de denuncias ya integradas, que nadie les ponía atención, y tampoco arrojaban este tipo de datos. En la parte de los gobiernos es correcto que mejoren la estructura (para ello), hay que mejorarla con este tipo de agendas que son emergentes, en el asunto de la seguridad, la delincuencia organizada, y las desapariciones, incluyendo las desapariciones forzadas que realiza la propia autoridad".
El Cepad concuerda con los planteamientos que ha hecho la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ, fue la primera institución pública local en hacer un pronunciamiento sobre desapariciones, aunque apenas el pasado 16 de abril), por crear protocolos específicos de investigación de desaparecidos y atención de sus víctimas indirectas, también por modificaciones legales que lleven todos estos conceptos a la norma y el fortalecimiento de la Fiscalía Central con un área especializada en este sentido.
Al mismo tiempo, Macías Medina destaca los huecos que existen en el actuar de las instancias de Gobierno: "Coincido con las dos instituciones, también hay que evaluar la opinión desde lo que no se hace, la CEDHJ durante las dos administraciones de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián en ninguno de los años se había registrado un sólo caso de desapariciones, hay casos públicos en los medios de comunicación, en donde habían acudido a la Comisión y jamás se registró una sola queja; en el caso de Guadalajara ahora se habla de prevención, es correcto, pero no se daba ninguna medida de éstas".
Más desaparecidas
Finalmente, el Cepad repara en esta particularidad de Jalisco, donde hay más mujeres en estatus de desaparecidas que hombres (sólo pasa en seis Estados más: Chiapas, Aguascalientes, Morelos, Yucatán, Colima y Quintana Roo), con mil 184 de ellas (53%), y mil 046 varones (46.9%).
Esto, hace ver Macías Medina, complejiza el problema en el Estado, pues además de los elementos culturales que sirven de soporte a la violencia hacia las mujeres, pueden estar de por medio tramas delictivas compuestas por la trata de personas, el feminicidio, la explotación sexual infantil, entre otros. El dato de las mujeres desaparecidas sería entonces sólo una ventana a algo mucho más grande y aún no develado.
"Lo que comprueba el dato es precisamente la serie de denuncias de las compañeras que han defendido los derechos de las mujeres durante todo este tiempo, que el Estado de Jalisco está al borde de una situación de emergencia en cuanto a cómo visibilizamos la situación de la mujer en el Estado; cuando vemos las grandes discusiones que ellas han tenido para que se considere el delito de feminicidio (ya logrado), todas estas luchas coinciden con que en Jalisco tenemos un problema sociocultural muy grave hacia la concepción de lo que significa la mujer".
En el Área Metropolitana de Guadalajara, de cada 10 desaparecidos, seis son mujeres (659), y el resto, hombres (452). "Para eso no es sólo poner albergues -qué bueno que se haga-, no es sólo poner un protocolo de feminicidio -qué bueno que se haga-, sino trabajar intensamente también en la parte cultural y sobre todo también la parte de la sanción, al final de cuentas, si existen mujeres desaparecidas también se tienen que fijar las razones del por qué desaparecen , y no hay que olvidar también que muchas de esas desapariciones estamos hablando de jóvenes, y podemos estar hablando de una dinámica que nos pueda llevar a otro tipo de fenómenos graves como la trata de personas, que se ha dado en el Estado, y que incluso ha sido observada a nivel internacional por el relator de la Naciones Unidas sobre prostitución infantil".
"Son temas que, como verás, han sido negados, se ven de forma individual, pero que hoy el tema de trata de personas, de prostitución infantil, de desapariciones y feminicidios nos hablan de una situación donde se tienen que poner mayor énfasis por parte de la autoridad, y que implican modificaciones a la legislación, pero sobre todo en las prácticas. Se ha avanzado en la legislación pero ahora estamos ante el reto de que en la práctica realmente se lleve a cabo, y por eso insisto en que es importante modificar las instituciones pero también que los que llegan a estas instituciones reúnan las características de poder plantear de forma práctica los avances que se requieran actualmente en el Estado. Hay una Fiscalía de Derechos Humanos, perteneciente a la Fiscalía General, muy debilitada y con una fiscal sin perfil (Lizzeth Hernández Navarro) que ni siquiera se ha pronunciado al respecto de este grave problema".
Las desapariciones forzadas en Jalisco
Este concepto implica la responsabilidad o intervención de un agente del Estado mexicano en la desaparición de una persona. Diversas instituciones, como la CEDHJ, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tapatía, y el mismo Cepad, se han pronunciado porque se tipifique como un delito. En Jalisco está ocurriendo.
Casos como como los de Villa Corona y Chapala, donde se confirma que sus autoridades municipales y Policías privaron de la libertad a individuos para luego entregarlos a organizaciones criminales, se configuran como desapariciones forzadas (en el primero su ex alcalde, José de Jesús Ortiz Uribe, ya está en prisión preventiva para ser juzgado, junto a su hijo y con cinco elementos arraigados; en el segundo, se consignó a seis oficiales).
El Cepad hace ver, también, la relevancia que tiene en todo esto contar con cuerpos policiales confiables.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA