Jalisco
Lagarde llama a buscar a mujeres desaparecidas en Jalisco
La alerta AMBER debe llevarse a la legislación, dice la connotada especialista en perspectiva de género, María Marcela Lagarde
GUADALAJARA, JALISCO (04/JUN/2013).- Las autoridades locales de Jalisco deben comenzar cuanto antes con la búsqueda de las mil 184 mujeres que están reportadas como desaparecidas en la entidad, pues éstas pueden estar siendo victimizadas por redes de trata de personas, advirtió la antropóloga María Marcela Lagarde y de los Ríos, una de las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del país.
Jalisco, el cuarto Estado con más casos inscritos en el Sistema del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Sirenped), con dos mil 230, es también uno de los siete donde esta problemática ha generado más víctimas femeninas (con el 53%) que masculinas (mil 046 varones).
Lagarde y de los Ríos, especialista en perspectiva de género, feminista, y a quien se debe el concepto “feminicidio (ahora incluido como un tipo penal a nivel federal y estatal)”, habló con EL INFORMADOR al respecto:
“Hay diversos tipos de desapariciones, no todas están ligadas a trata de personas, pero hoy sí sabemos que el mayor número de mujeres, sobre todo casi niñas desaparecidas en Ciudad Juárez, en Veracruz, en Jalisco, en diversos municipios, sí está ligado a la trata, que es una forma de secuestro con fines de explotación sexual o laboral, y es una forma de esclavitud contemporánea sobre todo para las mujeres y las niñas que, a la par que otras formas de violencia, actúan específicamente sobre las mujeres”.
“Sí, es un grave problema (la desaparición de mujeres), ahora tendremos que articular dos marcos normativos, la Ley General de Acceso (de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) y la ley de Trata (Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos), y un tercero, que es la Ley de Victimas, que ahora está en debate en las comisiones del Senado, porque muchas de las víctimas de la violencia han sido desaparecidas y secuestradas y luego aparecen y son víctimas”.
“A todas ellas se les está tratando como víctimas del crimen organizado, por eso digo que esas son unas, pero hay otras como la desaparición de un vecino que se las robó y las secuestró, como esos casos muy sonados a nivel internacional que en México hay muchísimos, pero es otro tipo de desaparición”.
El pasado 27 de mayo de 2013, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaron la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, inicialmente con 12 agentes del Ministerio Público dedicados exclusivamente a estas tareas (el Sirenped arroja en total 26 mil 121 expedientes de personas en ese estatus en el país, el 8.5% en Jalisco).
-¿Qué debemos exigirles a las autoridades locales de Jalisco, como la Fiscalía General y las Policías municipales?
“Primero, que las busquen (a las mujeres desaparecidas), ya en el país hay una alerta AMBER que ha sido aplicada en diversos lugares, es la alerta para buscar de emergencia a alguien desaparecido, porque sabemos que las primeras 48 horas de un secuestro de ese tipo son vitales, porque la mayor parte de las mujeres que son asesinadas son asesinadas en ese lapso. La alerta AMBER ahora considera las primeras ocho horas de emergencia y tiene que entrarle la Policía local, estatal y, si fuera preciso, la federal. Tiene que haber una articulación y que ya nadie diga ‘a mí no me toca’“.
“Pero tienen que incluirse en la legislación, es importantísima. No necesariamente una ley de la alerta AMBER, pero sí como una de las medidas de protección de las leyes (la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), allí, así como se dice que el agresor salga del domicilio cuando es conyugal la violencia, tal cual ahí también tiene que decir que cuando hay una desaparición tiene que activarse la alerta AMBER”.
La alerta AMBER es un protocolo de reacción inmediata que coordina a las autoridades del Estado mexicano y a la sociedad civil y medios de comunicación, ante la desaparición de una persona menor de edad. El 29 de abril pasado el Gobierno de Jalisco anunció que adoptaba este modelo, pero lo que advierte la especialista es que debe legislarse, es decir, incluirse en una ley estatal, pudiendo ser la de Acceso de las Mujeres.
Lagarde y de los Ríos participó el día de ayer en un foro organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara, para la expedición de una reglamentación municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco (con casi cinco años de vigencia, el municipio no ha cumplido con este requisito que debió ser cubierto en los primeros 90 días luego haber obtenido validez el 26 de junio de 2008).
En entrevista, habló también de otra problemática que se resiente en Jalisco y a nivel nacional: la baja o nula utilización de las medidas de protección de emergencia que pueden emitir las autoridades, principalmente los Ministerios Públicos (MP) -inclusive los síndicos municipales-, para resguardar a las mujeres de condiciones de violencia. La Fiscalía General del Estado nunca ha emitido una de éstas.
“En todo el país (sucede lo mismo), hay mucha bronca porque los jueces y los MP quienes integran las averiguaciones no tienen formación en este campo que es muy especializado, que se llama perspectiva de género, es una teoría para saber qué procede frente a la violencia y la mayor parte de quienes debieran de emitir las órdenes de protección, que son los jueces y las juezas, todavía no tienen la formación suficiente”.
“Parte de lo que hacemos y que tratamos de impulsar es la capacitación inicial de estos servidores públicos pero también, luego, su formación. No basta que les den dos tallercitos sobre esta perspectiva, necesitan comprender a fondo el por qué, de qué se tratan las leyes de protección, cuál es su papel –importantísimo- en garantizar que las mujeres tengan protección, que si hay una emergencia el síndico pueda decir ‘pues entramos a la casa, o entramos a esa escuela donde están violando a niñas’, o ese tipo de cosas, pero para eso tiene que haber el reglamento (en los municipios) y tiene que decir que los síndicos pueden hacer eso, y qué procedimientos tienen que seguir. Todo reglamento lo que dice son las maneras de aplicar las cosas para que sea efectivo y cada funcionario y funcionaria sepa su papel y su obligación”.
Falla en Jalisco Banco Estatal de casos de violencia
En Jalisco no se ha logrado consolidar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual debe existir por ley. Ninguna dependencia estatal está dando acceso público al mismo, lo que también contraviene la legislación: la otrora Secretaría de Seguridad Pública (ahora Fiscalía General) asevera que sólo se encarga de la parte técnica del mismo, es decir, de la administración de su servidor, mientras que el Instituto Jalisciense de las Mujeres afirma que sólo es otro ente que lo alimenta, pero que no puede manipularlo.
A nivel nacional la concentración de información sobre casos de violencia hacia la mujer tampoco va bien: “La Ley General de Acceso exigió la creación de un banco nacional de delitos violentos contra mujeres, pero no lo hay, hay una pequeña e incipiente institución que está ahí pero tampoco nadie se hace cargo; le entran con una visión muy criminalística, hay muchos más datos de las víctimas que de los agresores, cosa que atenta contra la perspectiva de género, que plantea que hay que visibilizar a los agresores, pero nunca se les nombra, ni en la prensa, y cuando hablamos de las leyes hablamos de las víctimas, no de los agresores, yo misma (lo hago); necesitamos reformar esa mentalidad y visibilizar qué tipo de agresores son, por qué cometen esos delitos y, además, que no cuenten con el silencio y la oscuridad de la información”.
EL INFORMADOR/ LUIS HERRERA
Jalisco, el cuarto Estado con más casos inscritos en el Sistema del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Sirenped), con dos mil 230, es también uno de los siete donde esta problemática ha generado más víctimas femeninas (con el 53%) que masculinas (mil 046 varones).
Lagarde y de los Ríos, especialista en perspectiva de género, feminista, y a quien se debe el concepto “feminicidio (ahora incluido como un tipo penal a nivel federal y estatal)”, habló con EL INFORMADOR al respecto:
“Hay diversos tipos de desapariciones, no todas están ligadas a trata de personas, pero hoy sí sabemos que el mayor número de mujeres, sobre todo casi niñas desaparecidas en Ciudad Juárez, en Veracruz, en Jalisco, en diversos municipios, sí está ligado a la trata, que es una forma de secuestro con fines de explotación sexual o laboral, y es una forma de esclavitud contemporánea sobre todo para las mujeres y las niñas que, a la par que otras formas de violencia, actúan específicamente sobre las mujeres”.
“Sí, es un grave problema (la desaparición de mujeres), ahora tendremos que articular dos marcos normativos, la Ley General de Acceso (de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) y la ley de Trata (Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos), y un tercero, que es la Ley de Victimas, que ahora está en debate en las comisiones del Senado, porque muchas de las víctimas de la violencia han sido desaparecidas y secuestradas y luego aparecen y son víctimas”.
“A todas ellas se les está tratando como víctimas del crimen organizado, por eso digo que esas son unas, pero hay otras como la desaparición de un vecino que se las robó y las secuestró, como esos casos muy sonados a nivel internacional que en México hay muchísimos, pero es otro tipo de desaparición”.
El pasado 27 de mayo de 2013, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaron la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, inicialmente con 12 agentes del Ministerio Público dedicados exclusivamente a estas tareas (el Sirenped arroja en total 26 mil 121 expedientes de personas en ese estatus en el país, el 8.5% en Jalisco).
-¿Qué debemos exigirles a las autoridades locales de Jalisco, como la Fiscalía General y las Policías municipales?
“Primero, que las busquen (a las mujeres desaparecidas), ya en el país hay una alerta AMBER que ha sido aplicada en diversos lugares, es la alerta para buscar de emergencia a alguien desaparecido, porque sabemos que las primeras 48 horas de un secuestro de ese tipo son vitales, porque la mayor parte de las mujeres que son asesinadas son asesinadas en ese lapso. La alerta AMBER ahora considera las primeras ocho horas de emergencia y tiene que entrarle la Policía local, estatal y, si fuera preciso, la federal. Tiene que haber una articulación y que ya nadie diga ‘a mí no me toca’“.
“Pero tienen que incluirse en la legislación, es importantísima. No necesariamente una ley de la alerta AMBER, pero sí como una de las medidas de protección de las leyes (la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia), allí, así como se dice que el agresor salga del domicilio cuando es conyugal la violencia, tal cual ahí también tiene que decir que cuando hay una desaparición tiene que activarse la alerta AMBER”.
La alerta AMBER es un protocolo de reacción inmediata que coordina a las autoridades del Estado mexicano y a la sociedad civil y medios de comunicación, ante la desaparición de una persona menor de edad. El 29 de abril pasado el Gobierno de Jalisco anunció que adoptaba este modelo, pero lo que advierte la especialista es que debe legislarse, es decir, incluirse en una ley estatal, pudiendo ser la de Acceso de las Mujeres.
Lagarde y de los Ríos participó el día de ayer en un foro organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara, para la expedición de una reglamentación municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco (con casi cinco años de vigencia, el municipio no ha cumplido con este requisito que debió ser cubierto en los primeros 90 días luego haber obtenido validez el 26 de junio de 2008).
En entrevista, habló también de otra problemática que se resiente en Jalisco y a nivel nacional: la baja o nula utilización de las medidas de protección de emergencia que pueden emitir las autoridades, principalmente los Ministerios Públicos (MP) -inclusive los síndicos municipales-, para resguardar a las mujeres de condiciones de violencia. La Fiscalía General del Estado nunca ha emitido una de éstas.
“En todo el país (sucede lo mismo), hay mucha bronca porque los jueces y los MP quienes integran las averiguaciones no tienen formación en este campo que es muy especializado, que se llama perspectiva de género, es una teoría para saber qué procede frente a la violencia y la mayor parte de quienes debieran de emitir las órdenes de protección, que son los jueces y las juezas, todavía no tienen la formación suficiente”.
“Parte de lo que hacemos y que tratamos de impulsar es la capacitación inicial de estos servidores públicos pero también, luego, su formación. No basta que les den dos tallercitos sobre esta perspectiva, necesitan comprender a fondo el por qué, de qué se tratan las leyes de protección, cuál es su papel –importantísimo- en garantizar que las mujeres tengan protección, que si hay una emergencia el síndico pueda decir ‘pues entramos a la casa, o entramos a esa escuela donde están violando a niñas’, o ese tipo de cosas, pero para eso tiene que haber el reglamento (en los municipios) y tiene que decir que los síndicos pueden hacer eso, y qué procedimientos tienen que seguir. Todo reglamento lo que dice son las maneras de aplicar las cosas para que sea efectivo y cada funcionario y funcionaria sepa su papel y su obligación”.
Falla en Jalisco Banco Estatal de casos de violencia
En Jalisco no se ha logrado consolidar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual debe existir por ley. Ninguna dependencia estatal está dando acceso público al mismo, lo que también contraviene la legislación: la otrora Secretaría de Seguridad Pública (ahora Fiscalía General) asevera que sólo se encarga de la parte técnica del mismo, es decir, de la administración de su servidor, mientras que el Instituto Jalisciense de las Mujeres afirma que sólo es otro ente que lo alimenta, pero que no puede manipularlo.
A nivel nacional la concentración de información sobre casos de violencia hacia la mujer tampoco va bien: “La Ley General de Acceso exigió la creación de un banco nacional de delitos violentos contra mujeres, pero no lo hay, hay una pequeña e incipiente institución que está ahí pero tampoco nadie se hace cargo; le entran con una visión muy criminalística, hay muchos más datos de las víctimas que de los agresores, cosa que atenta contra la perspectiva de género, que plantea que hay que visibilizar a los agresores, pero nunca se les nombra, ni en la prensa, y cuando hablamos de las leyes hablamos de las víctimas, no de los agresores, yo misma (lo hago); necesitamos reformar esa mentalidad y visibilizar qué tipo de agresores son, por qué cometen esos delitos y, además, que no cuenten con el silencio y la oscuridad de la información”.
EL INFORMADOR/ LUIS HERRERA