El tarifazo y el tarjetazo se tuvieron que reconsiderar porque simplemente eran insostenibles.Desde luego fue por la irritación social que causó el tarifazo, por las protestas. También por las complicaciones del tarjetazo que condicionaba a dar los datos personales a una empresa privada para recibir el subsidio para el transporte. Pero aún con eso se debe reconocer la voluntad y el valor político del gobernador Pablo Lemus de dar marcha atrás a una mala decisión pública.Desde luego tendrá que pagar un costo político, pero hubiera sido mucho más alto y hubiera producido un severo desgaste a su gobierno, casi irreversible, de haber seguido por la ruta de alejamiento e insensibilidad a las causas sociales, y por capricho y soberbia del poder, haber mantenido el tarifazo de 14 pesos. Hace justo dos meses me pregunté aquí si el gobierno de Lemus tendría que reconsiderar el tarifazo, por todo el rechazo social que provocó la decisión de hacer el anuncio en plenas fiestas decembrinas cuando muchos usuarios del camión se despertaban del festejo navideño, y lo peor: por haber decidido de manera arbitraria subir de golpe y porrazo la tarifa de 9.50 a 14 pesos, cuando el Comité Técnico Tarifario debió haber hecho ese aumento de forma gradual a lo largo del sexenio.Ciertamente, la tarifa de 9.50 pesos no se actualizaba desde hacía siete años y era un tema que se tenía que enfrentar, pero ni el momento y menos el excesivo cálculo tarifario que pulverizaba el aumento al salario mínimo, fueron los adecuados, sobre todo por las quejas de los usuarios por el mal servicio, especialmente de las rutas tradicionales del transporte público. Además, de muy poco sirvió el anuncio que hizo el gobernador desde el mismo 26 de diciembre que informó del incremento para el 1 de abril, de un subsidio de mil 200 millones de pesos para tratar de aminorar el impacto en la economía de la mayoría de las familias jaliscienses, ya que sólo alcanzaría a cubrir la mitad de los 3.1 millones de viajes diarios, para que los portadores de la nueva tarjeta pagaran sólo 11 pesos y no los 14 de la nueva tarifa.Lejos de reconsiderar, revertir el aumento y hacerlo gradual en ese justo momento, el gobernador apostó por la tarjeta única, que dijo no tendría límite de subsidio, ni de número de viajes, pero que luego todo complicó más cuando se supo, la emitiría una empresa privada sumamente cuestionada, cobrando más de 5 pesos por tarjeta al mes, y a la que se le dio la adjudicación directa meses antes del aumento al transporte. Tanto el tarifazo como el tarjetazo se combatieron legalmente y los litigios van caminando a favor de los usuarios. Por todos estos cuestionamientos, el número de inscripciones para la tarjeta nunca alcanzó los números esperados por las autoridades, pese a la defensa a ultranza y hasta frívola que hizo Lemus de su uso.Así, para el próximo 1 de abril más del 70 por ciento de los usuarios tendrían que haber pagado 14 pesos por el camión, y con ello la irritación de la población les haría crisis.Por eso ayer, luego de 70 días de la pifia, Lemus corrigió, con la penitencia de dejar la tarifa congelada en 11 pesos, con lo que asegura la papa caliente para quien lo suceda en la gubernatura en menos de cinco años.
