Jueves, 08 de Enero 2026

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Impunidad, de “El Cochiloco” al Prieto

Por: Jaime Barrera

Impunidad, de “El Cochiloco” al Prieto

Impunidad, de “El Cochiloco” al Prieto

Por el rumbo donde se cometió el triple homicidio el lunes de la semana pasada, la ejecución de Alberto Prieto Valencia, que sigue en la impunidad total, recordó el asesinato del narcotraficante sinaloense Juan Manuel Salcido Azueta, alias “El Cochiloco”, conocido también como “El Gallo de San Juan” o el “Comandante Martínez”, ocurrido el 9 de octubre de 1991.

A “El Cochiloco” lo abatieron cuando transitaba en su automóvil por la avenida Obsidiana, en el cruce con la avenida Lápizlázuli, la misma que cruzó “El Prieto” en compañía de su hija de 16 años, pero por la avenida Topacio, a solo unas cuadras de distancia, en la colonia Residencial Victoria.

El asesinato de Salcido Azueta sacudió a la entidad, no sólo porque también murió junto con un teniente del Ejército Mexicano que viajaba en el auto con él, sino por los 50 balazos que recibió en una de las tantas vendettas que se daban desde entonces en la ciudad, por la creciente presencia del narco en Guadalajara, que se había revelado como nunca desde 1985 con el secuestro y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, a manos del entonces cártel que encabezaban aquí Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo.

Pero aquel episodio ocurrido hace 34 años palidece con la balacera del pasado lunes 29 de diciembre en la colonia Santa Eduwiges, en los límites de Guadalajara y Zapopan, en la que participaron al menos 30 sicarios que hicieron mil 900 disparos de armas de grueso calibre durante más de 15 minutos, en la emboscada contra el bodeguero y transportista que conducía una camioneta de alta gama e iba escoltado por siete exmilitares, uno de los cuales también cayó abatido.

Con contactos con la clase política, “El Prieto” tenía antecedentes penales. Había sido detenido por portar armas de uso exclusivo del Ejército en 2004 y en 2008. En 2006 se le investigó y detuvo por desmantelamiento de vehículos de carga. De hecho, trascendió que en una de sus bodegas tenía un tráiler con reporte de robo. Se le consideraba también como la cabeza de la organización en la que participaban colombianos, que obligaban a comerciantes del Mercado de Abastos a comprar boletos de rifas. Antecedentes a los que se refirió antier el gobernador Pablo Lemus para negar que se tratara de un empresario, además de señalar que se investigaba si la familia colombiana de Tonalá que fue privada de su libertad y luego liberada tenía relación con el hombre ejecutado.

De este caso de violencia inédita y de lo que han dicho y han callado las autoridades luego de la ausencia policial, por la inexplicable tardanza en llegar a la zona de la refriega, abundamos mañana.

jbarrera4r@gmail.com

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