Lo ocurrido recientemente en Tequila, Jalisco, puede ser un parteaguas: una señal de que el Estado mexicano tiene la capacidad y la voluntad contundente de recuperar espacios, reconstruir autoridad y enfrentar con seriedad la gobernanza criminal que se ha expandido en buena parte del país.Durante años, muchos municipios en México han vivido bajo una presión constante de grupos delictivos que, en los hechos, ejercen poder. Controlan rutas, deciden horarios, regulan actividades económicas, imponen sanciones y, en muchos casos, sustituyen a las autoridades. En ellos, la violencia ha dejado de ser excepcional convirtiéndose en regla.Episodios como los recurrentes estallidos de violencia en Culiacán, los conflictos armados en regiones de Michoacán o la persistente inestabilidad en zonas de Guerrero muestran que este fenómeno no es aislado. Se trata de una dinámica extendida en la que el control territorial del Estado ha sido erosionado de manera gradual pero sistemática en amplias regiones de México.Esta realidad no surgió de la noche a la mañana. Es el resultado de décadas de debilitamiento institucional, abandono local, corrupción tolerada y falta de coordinación entre niveles de gobierno. En muchas regiones del país, los grupos criminales ya no son únicamente organizaciones ilegales: son poderes territoriales de facto. Influyen en decisiones públicas, condicionan procesos electorales, controlan mercados y moldean dinámicas sociales.Este fenómeno no es exclusivo de México. Durante décadas, amplias zonas de Colombia estuvieron sometidas al control de carteles y grupos armados que sustituyeron funciones estatales. Más recientemente, El Salvador emprendió una estrategia de confrontación frontal contra estructuras criminales, con resultados controvertidos, pero que ilustran una premisa central: sin control territorial, no hay Estado efectivo.La experiencia internacional también ofrece lecciones desde contextos más extremos. En países como Irak y Siria, el debilitamiento prolongado de las instituciones permitió la expansión de actores armados como el Estado Islámico, que llegó a administrar territorios completos, recaudar impuestos y ejercer justicia paralela. En Líbano, la consolidación de Hezbollah como poder político-militar muestra cómo la coexistencia prolongada entre Estado y actores armados termina por institucionalizar órdenes híbridos.Estos casos extremos revelan una constante: cuando el Estado tolera durante demasiado tiempo la pérdida de control territorial, los poderes paralelos se consolidan, adquieren legitimidad social y se vuelven cada vez más difíciles de desmontar. Recuperar la autoridad, entonces, implica costos crecientes y riesgos mayores.Por eso, los momentos en que el Estado decide actuar con determinación adquieren un valor estratégico. En este contexto, lo sucedido en Tequila resulta relevante. Muestra que, cuando existe voluntad política y coordinación institucional, es posible romper inercias. No fue solo un operativo. Fue una señal clara de presencia estatal en un territorio donde la autoridad había sido puesta en duda.Pero sabemos que una intervención aislada no cambia una realidad estructural. Si lo de Tequila se queda en un gesto simbólico, su impacto será limitado. La verdadera prueba comienza con acciones contundentes de desmantelamiento real. Y después: fortalecimiento de policías locales, depuración administrativa, respaldo efectivo a jueces y fiscales, reconstrucción de capacidades municipales y acompañamiento social sostenido.Sin instituciones sólidas, no hay victoria duradera. Sin presencia permanente, no hay autoridad real. La gobernanza criminal prospera donde el Estado es débil, ausente o capturado. Se alimenta de la impunidad, de la corrupción y del abandono. Combatirla exige decisiones incómodas, inversiones sostenidas y costos políticos.También exige claridad conceptual. No se trata solamente de detener delincuentes, sino de recuperar funciones básicas del poder público: seguridad, justicia, regulación y orden. Cuando esas funciones se delegan de facto a actores ilegales, la soberanía pierde contenido.Tequila abre una ventana. Muestra que es posible intervenir, recomponer y enviar una señal distinta. Puede convertirse en un precedente para una política más ambiciosa de recuperación territorial, como lo hicieron —con mayor o menor éxito— otros países que enfrentaron procesos similares. O puede diluirse en la rutina de las crisis pasajeras.Si se asume el reto con seriedad, Tequila puede marcar el inicio de una etapa distinta: la de la reconstrucción de la autoridad con firmeza y sensibilidad social. Si no, será solo otro capítulo más en una historia que los mexicanos ya conocemos demasiado bien.Lo que está en juego no es únicamente la seguridad. Es la vigencia misma del Estado en amplias zonas del país. Y eso, en cualquier democracia, debería ser una prioridad absoluta.luisernestosalomon@gmail.com
